La Jurisprudencia Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles 21 de febrero la amnistía de 9.600 exintegrantes de las FARC que firmaron el Acuerdo Final de Paz, a través de nueve decretos presidenciales que resuelven sus situaciones jurídicas por delitos políticos.

Además, la JEP ha relacionado la información de los amnistiados y esta será compartida a las respectivas autoridades. 

"Después de la consecución del acuerdo, recibimos alarmas de los firmantes del acuerdo que señalaban notorias dificultades para obtener información sobre las amnistías. Nos informaban que las autoridades civiles u organismos de seguridad desconocían la existencias de las amnistías y procedían a privar de libertad a los firmantes, por lo que investigamos e integramos una base de datos sobre la situación jurídica de cada uno de los firmantes del acuerdo", dijo el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP.

Y explicó que "hay 14.099 personas acreditas como firmantes del acuerdo, 12.105 se encuentran en proceso de reincorporación. La amnistías de iure (por delitos políticos y delitos conexos para excombatientes guerrilleros) fueron otorgadas durante nueve decretos presidenciales, cuatro expedidos en 2017 y cinco en 2018, esas decisiones le confirieron la amnistía a 9.600 personas. Esta información será la base de un proceso de nueva comunicación de las amnistías de iure a los firmantes a través de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP,  en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia para Reincorporación y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo". 

El magistrado expresó que tras anunciar estas amnistías, la información será remitida a las autoridades competentes para que los firmantes puedan ejercer los derechos derivados, es decir, “cesa la persecución penal por delitos amnistiables y la JEP ejerce su competencia sobre lo amnistiable”.

"Con ello realizamos una contribución concreta a la estabilización de los firmantes y al proceso de cumplimiento de los acuerdos". 

Vidal reafirmó que la JEP está comprometida con garantizar la seguridad jurídica a todos los y las comparecientes que son de su competencia, esto frente a las dudas que han expresado los exintegrantes de las FARC por los asesinatos de firmantes que han sufrido desde la implementación del acuerdo.

Igualmente, el presidente de la JEP recordó que los antiguos miembros de las FARC deben atender los llamados de la jurisdicción.